SANTO DOMINGO.– A tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizaciones sociales y familias denuncian que la normativa continúa sin una aplicación efectiva, lo que mantiene a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La legislación, aprobada con el objetivo de garantizar diagnóstico temprano, acceso a terapias, cobertura médica integral e inclusión educativa y social, ha sido señalada por distintos sectores como una ley “parcialmente inoperante” debido a retrasos en su implementación y falta de recursos asignados.
Representantes de asociaciones vinculadas al tema aseguran que, pese a su entrada en vigencia, persisten obstáculos estructurales como la ausencia de una partida presupuestaria suficiente, la limitada cobertura de terapias especializadas y la lenta expansión de programas públicos de atención.
Asimismo, critican que el proceso de reglamentación y ejecución ha avanzado de manera desigual, lo que ha impedido que los beneficios de la ley lleguen de forma efectiva a la población que lo necesita.
En contraste, autoridades han informado en distintos momentos sobre iniciativas en coordinación con el sistema de salud y el seguro público para ampliar la cobertura de servicios relacionados con el TEA, aunque estos esfuerzos aún no son considerados suficientes por las familias afectadas.
Mientras tanto, padres y cuidadores continúan reclamando mayor voluntad política y una ejecución integral de la ley, advirtiendo que la falta de atención oportuna profundiza las dificultades educativas, sociales y económicas que enfrentan las personas con autismo en el país.
La situación mantiene abierto el debate sobre la brecha entre la promulgación de leyes sociales y su implementación efectiva en la República Dominicana.