“La Ley de Seguridad Social no le da derecho al Consejo para cercenar el espíritu de esa norma legal”

“La Ley de Seguridad Social no le da derecho al Consejo para cercenar el espíritu de esa norma legal”

  • Entrevista con Nélsida Marmolejos, directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

¿Cuál es la situación de los que solicitan la pensión de sobrevivencia por sus familiares fallecidos?

Queremos evidenciar la situación que se está pasando ahora mismo, por las informaciones que están fluyendo, y el dinero depositado. Tenemos gente que están viniendo desde todas partes a buscar dinero, porque están pagando una pensión que debe devolver dinero.

Hemos querido informar sobre la situación que acontece en estos momentos. Nosotros sacamos los datos de que actualmente la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) habla de 58 mil personas que han fallecido, y que hay 1,700 millones de pesos acumulados. Además, sobre que solo 2,700 personas han sido beneficiadas con esa pensión.

Los datos, que son del propio boletín de la SIPEN, dicen que se han solicitado18,923 pensiones de sobrevivencias por afiliados que han fallecido, y que son las únicas solicitadas por el total de 58,000 afiliados fallecidos. Pero si usted ve el cuadro, se han otorgado solamente 7,190 pensiones. Y solo hay en trámites 267. Y se han declinado 10,766, lo que significa que ya no tienen derechos.

¿Y por qué se han declinado?

Se han declinado precisamente por las trabas que se han impuesto al sistema, y que no lo dice la ley. Que son trabas ilegales: las del contrato póliza, un contrato que establece el límite de tiempo para venir a reclamar. Antes eran dos años, ahora son siete años. Pero sigue siendo una traba.

Hay otras trabas, como el hecho de que las administradoras de fondo pensiones (AFP) no tienen oficinas a nivel nacional. Una persona que vive en un lugar remoto no va venir a reclamar 50 mil pesos, 30 mil pesos a una AFP. ¿Por qué?, quizás puede venir, porque el pasaje no son 50 mil pesos, pero cuando llega aquí se encuentra con las trabas burocráticas que encarecen la gestión. O sea, esas otras trabas son la determinación de herederos, los impuestos sobre la renta, y una serie de situaciones que hacen impracticables el acceso a esos beneficios.

Entonces, por esas razones, la gente que tiene diez mil o veinte mil pesos en una AFP, se la dejan a la AFP. Y son 58 mil que han fallecidos. Un peso en mi bolsillo no es nada, pero mil pesos en los bolsillos de mil personas, eso es mucho.

Entonces, lo que nosotros hemos logrado es que el plazo de extinción para que una viuda u otros descendientes pueda reclamar, es que se pasara de dos años a siete años. Pero las trabas siguen iguales, o más endurecidas ahora.

Pero, si es un derecho adquirido, ¿cómo es que le ponen un período de extinción a esos derechos?

Nosotros estamos planteando que eso derechos sociales son imprescriptible, por eso estamos pidiendo que eso se ponga explícitamente en la ley, porque, aunque el sistema de pensiones no establece límites, un reglamento se lo está estableciendo. Y como hay posibilidad de hacer un reglamento, eso se ha colado.

Lo que nosotros decimos es que hay que dejarlo tácitamente claro en la ley, que diga que los derechos sociales son imprescriptibles, porque son derechos, y es un fondo que no se ha adquirido por el esfuerzo particular de una aseguradora o de una administradora de riesgo. Se ha hecho por una política social del Estado. Es una protección social, a las AFP les llega el afiliado sin salirlo a buscar.

Entonces, eso tiene un costo. ¿Quién le administra las finanzas, quién cobra, quién afilia? Es el Gobierno, es el Estado dominicano.

Por eso estamos abogando porque ese contrato póliza sea totalmente modificado, y que se contemple la figura de imprescriptibilidad.

Afiliados a la Seguridad Social, esperando su turno para ser atendidos por un asistente de la DIDA, bajo una carpa en el frente de la Torre de la Seguridad Social, ubicada en la avenida Tiradentes.
Afiliados a la Seguridad Social, esperando su turno para ser atendidos por un asistente de la DIDA, bajo una carpa en el frente de la Torre de la Seguridad Social, ubicada en la avenida Tiradentes. ( FUENTE EXTERNA)

Ese contrato póliza fue una creación que se hizo en el marco del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero usted me dice que no está dentro de la ley.

No. No está dentro de la ley.

¿Y cuál es, entonces, la vinculación legal?

La vinculación legal consiste en que la ley otorga facultad al Consejo para reglamentar las relaciones entre las aseguradoras y las administradoras de riesgos de los fondos de pensiones de los afiliados. Entonces, de ahí deviene la potestad del Consejo para hacer un contrato. Ahora, lo que no le da derecho es cercenar el espíritu de la ley, y se cercena cuando la gente no puede acceder al beneficio.

¿Ha habido acciones legales contra los términos del contrato póliza?

Ha habido acciones en el Tribunal Contencioso Administrativo y donde la Suprema, y se han ganado muchos casos. Pero son casos que no son vinculantes, según dicen las autoridades del sistema.

¿Cuál es el presupuesto de la DIDA?

Es el mismo presupuesto desde hace diez años. No hay modificaciones. Nosotros estamos aspirando a que se apruebe la ley que cursa en el Senado de la República, sometida el 27 de febrero por el presidente de la República, que ya ha sido aprobada por la comisión bicameral, y que le da personaría jurídica y autonomía económica a la tesorería de la DIDA. En función de eso, nosotros esperamos que antes de que salga el año, el 2020, agarre a la DIDA con un presupuesto donde la población tenga mayor acceso a información.

Pero ¿cuál es el monto del presupuesto actual?

Ciento ochenta millones pesos.

¿Y cuánto necesita la DIDA?

El Consejo nos aprobó un presupuesto, actualmente, de más de 500 millones de pesos. Lo aprobó porque entiende y está consciente que hay esas necesidades objetivas. Pero Presupuesto, que es el que da el dinero, puso 180 millones de pesos.

Afiliados visitan la sede de la DIDA, en Santiago, para reclamar sus derechos y buscar orientaciones.
Afiliados visitan la sede de la DIDA, en Santiago, para reclamar sus derechos y buscar orientaciones. ( FUENTE EXTERNA)

¿Qué se puede hacer con 180 millones?

Usted ve. Hacer una rueda de prensa en el despacho de la directora, porque no hay espacio físico, y ver los afiliados en los pasillos, esperando para poder acceder a uno de los cuatro o cinco asistentes nuestros, para que les ofrezca el servicio.

¿Tiene la DIDA otras sedes en otros lugares del país?

Quinces oficinas a nivel nacional, que se mantienen con esos 180 millones de pesos, que es para educación, que es para promoción, que es para pago del personal, que es para pago de oficina, para pago de telefonía IP, que cuesta bastante… o sea, todos los gastos que hace esta institución.

(Enseña fotos) Eso es Santiago, repleto. Y ahí abajo, usted sabe que hemos tenido que sacar carpas.

¿Carpas?

Carpas… que dicen que es el velorio de la DIDA, porque hemos tenido que dejarla ahí por tiempo. Desde que hay problemas graves, viene la gente de forma masiva, y no hay donde ponerlas. El sol es impenitente en el Caribe, y no hay más remedio que ponerles una carpa, y los mismos usuarios le han puesto el nombre de “velorio de la DIDA”.

¿Y dan café? En todo velorio dan café.

Sí, nosotros damos café. Porque a pesar de que solo tenemos 180 millones de pesos, el que llega a la DIDA se toma una taza de café, un vaso de agua, y el cariño de la gente que los recibe.