SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la lucha contra el comercio ilícito, el contrabando y la competencia desleal se ha convertido en una prioridad estratégica para la República Dominicana.
Advirtió en ese sentido, que estas indebidas prácticas comerciales afectan directamente la salud pública, la economía y la equidad en los mercados.
Explicó que, mediante una acción coordinada entre instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), Pro Consumidor, entre otras, se busca proteger la industria nacional, fortalecer la formalización económica y garantizar condiciones de competencia justa.
Alcántara sostuvo que “la competencia leal y el comercio formal son pilares fundamentales para erradicar prácticas ilícitas”, destacando que estos elementos impulsan la productividad y promueven una distribución más equitativa de las oportunidades económicas.
Resaltó que las acciones para enfrentar la competencia desleal han contado con el respaldo del presidente Luis Abinader, lo que ha permitido avanzar en la defensa del comercio y la producción formal.
Expresó que este apoyo ha sido clave para abordar prácticas que distorsionan el mercado y afectan tanto a los sectores productivos como a los consumidores.
Destacó que estos encuentros permiten discutir temas neurálgicos para la economía nacional, en un contexto donde se ha contado con el respaldo del Poder Ejecutivo para enfrentar la competencia desleal y otras prácticas que afectan el mercado”, señaló.
No obstante, advirtió que aún persisten desafíos en la actuación de las instituciones responsables de vigilar y regular el mercado.
Sostuvo que es necesario trabajar con mayor firmeza y carácter frente a estas problemáticas, para proteger el desarrollo del comercio formal en todos los sectores, haciendo énfasis en áreas críticas como medicamentos, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del mercado en la República Dominicana.
“Tenemos que actuar frente a este tema con responsabilidad, porque en la medida que crece el negocio informal decrece el comercio formal”, agregó.